La Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura implementará un nuevo sistema de distribución del recurso que vincula el acceso a la cuota con actividad industrial efectiva dentro del territorio santacruceño, trazabilidad obligatoria y revisiones anuales.

Santa Cruz avanzará con un nuevo Régimen Provincial de Cuotificación de Merluza Común que modifica la forma de asignar el recurso y pone el eje en empleo registrado, procesamiento en plantas locales, inversiones acreditadas y continuidad operativa. La provincia dispone del 4,80% de la Captura Máxima Permisible de merluza común asignada por el Consejo Federal Pesquero: el 90% de ese volumen será distribuido mediante el nuevo régimen, mientras que el 10% restante quedará como Reserva Administrativa Provincial para atender necesidades estratégicas. La ministra de Producción, Nadia Ricci, definió la medida como «un reordenamiento profundo de cómo se administra la merluza», con criterios objetivos, transparentes y verificables.

Uno de los cambios más significativos es la trazabilidad obligatoria de toda la materia prima alcanzada por la cuotificación. El sistema permitirá seguir el recurso desde la captura hasta el procesamiento y la comercialización, controlando qué volumen se captura, dónde se descarga y qué planta lo procesa. Las cuotas tendrán carácter de autorización administrativa de uso, no podrán ser transferidas ni comercializadas, y el régimen tendrá vigencia de diez años con revisiones técnicas anuales que combinarán previsibilidad para las empresas con capacidad de ajuste para la autoridad pesquera.

La señal que envía el régimen es directa: quienes quieran acceder a la merluza santacruceña deberán demostrar que generan trabajo, procesan en la provincia e invierten en ella. «El pescado santacruceño se procesa en Santa Cruz», afirmó el gobernador Vidal. Una decisión concreta para que los recursos del mar santacruceño dejen de generar riqueza en otros lugares y empiecen a construir desarrollo donde más se necesita.