La nueva normativa pesquera apunta a que la actividad extractiva en aguas santacruceñas se traduzca en empleo y desarrollo dentro de la provincia, y no en otras jurisdicciones del país.

El nuevo régimen establece que la materia prima capturada en aguas provinciales solo puede derivarse a plantas del mismo grupo empresario que realizó la captura, salvo autorización expresa de la Secretaría de Pesca. Para acceder a cuota provincial, las empresas deberán acreditar procesamiento en establecimientos radicados en Santa Cruz y con trabajo registrado, condicionando el acceso al recurso a la generación de valor agregado local.

Las fiscalizaciones ya comenzaron en Puerto Caleta Paula, alcanzando buques de altura y embarcaciones artesanales, y se extenderán progresivamente a los demás puertos de la provincia. La medida se complementa con un proyecto de nueva Ley Provincial de Pesca que incorpora régimen de cuotas y monitoreo satelital permanente para embarcaciones.

La normativa busca revertir un esquema histórico en el que gran parte del pescado capturado en Santa Cruz terminaba procesándose fuera de la provincia. Con este nuevo marco, el gobierno provincial apunta a que la riqueza ictícola santacruceña genere trabajo y desarrollo dentro de su propio territorio.