La medida alcanza a escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

La normativa establece criterios diferentes según cada nivel educativo y promueve que cada comunidad escolar defina acuerdos propios sobre cómo incorporar los dispositivos con fines pedagógicos. Además, se apunta a que el uso de la tecnología esté vinculado a los proyectos educativos de cada institución.

El decreto también contempla acciones del Ministerio de Educación, como el bloqueo de redes sociales y aplicaciones no educativas dentro de las escuelas, además de capacitaciones docentes sobre uso responsable de la tecnología y problemáticas asociadas al exceso de pantallas en contextos escolares.