Esta semana, un agente de la administración pública fue despedido por abandono de cargo tras ausentarse varios días sin justificación. «Su despido marca una evidente diferencia con lo que ocurría en gestiones anteriores, cuando la falta de controles era moneda corriente», se indicó desde el Gobierno.

Desde la administración provincial remarcaron que el procedimiento se realizó conforme a la normativa vigente, con las instancias administrativas correspondientes y garantizando el derecho a defensa. Sin embargo, ante la ausencia de explicaciones válidas, se avanzó con la medida disciplinaria máxima.

La decisión se enmarca en una política más amplia que impulsa el Ejecutivo, basada en la responsabilidad, la eficiencia y la transparencia en el empleo público. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es dejar atrás prácticas que durante años debilitaron el funcionamiento del Estado, donde las faltas injustificadas muchas veces no tenían consecuencias.

“Esto no es un hecho aislado, es parte de un cambio de rumbo”, señalaron desde el Gobierno, al tiempo que destacaron que se están fortaleciendo los mecanismos de control interno para garantizar que cada trabajador cumpla con sus obligaciones.

En ese sentido, la gestión de Figueroa busca consolidar un esquema en el que el compromiso laboral sea una condición indispensable para formar parte del Estado. La premisa es clara: quien no cumple, no continúa.

Con este tipo de medidas, el Ejecutivo provincial intenta marcar un quiebre con el pasado reciente y avanzar hacia una administración más ordenada, donde el respeto por el trabajo y los recursos públicos sea una prioridad.