La provincia desmintió versiones sobre concesiones en un expediente en trámite y aseguró que no existen autorizaciones ni derechos mineros vigentes vinculados al caso.

El gobierno de Río Negro rechazó de manera categórica las denuncias públicas que señalaban un supuesto otorgamiento de permisos mineros a Claudio Ciccarelli. A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Minería aclaró que no se ha concedido ningún tipo de autorización, ni para exploración ni para explotación, en el expediente N° 48022-M-2023, correspondiente al cateo “El Gran Don José”.

Según se informó, el expediente continúa en etapa de trámite y aún no cumple con los requisitos necesarios para habilitar un permiso. Entre los pasos pendientes se encuentran instancias clave del procedimiento administrativo, como las notificaciones a superficiarios y la evaluación técnica del Programa Mínimo de Exploración y de la Declaración Jurada Técnica.

Desde el organismo detallaron que hasta el momento solo se han cumplido fases iniciales previstas por la normativa vigente, entre ellas la ubicación catastral provisoria, el pago del canon, la registración administrativa y la publicación de edictos. Estas acciones, remarcaron, no implican en ningún caso la concesión de derechos mineros.

En ese sentido, se explicó que tanto la registración de la solicitud como su difusión en el Boletín Oficial responden a la necesidad de garantizar la publicidad del procedimiento y resguardar la prioridad frente a terceros. Sin embargo, no constituyen una autorización para desarrollar actividad minera ni suponen la aprobación del permiso solicitado.

El gobierno también desmintió versiones que vinculaban a Federico Machado con la titularidad de derechos mineros en la provincia. De acuerdo con los registros oficiales, no existe ninguna solicitud ni concesión a su nombre dentro del ámbito de la Secretaría de Minería.

Por último, el gobierno cuestionó las denuncias difundidas en el ámbito político, al considerar que carecen de sustento técnico y jurídico. En ese marco, instó a actuar con responsabilidad institucional y advirtió que la difusión de información incorrecta contribuye a generar confusión sobre los procedimientos administrativos en materia minera.