Las decisiones se basan en revisiones internas, faltas reiteradas y antecedentes previos, e incluyen la posibilidad de recuperar sueldos cobrados sin trabajar, con intervención de áreas de control.

En ese marco, distintos organismos comenzaron a implementar auditorías para relevar el desempeño del personal y detectar irregularidades. A partir de estos procesos, se identificaron casos de inasistencias reiteradas, incumplimientos prolongados y antecedentes disciplinarios que derivaron en la apertura de sumarios administrativos y, en algunos casos, en la desvinculación de agentes.

Uno de los ejes de la estrategia es el seguimiento más riguroso de la asistencia y la conducta laboral. La sistematización de registros y controles permite no solo identificar situaciones irregulares, sino también establecer criterios más transparentes para la toma de decisiones dentro de la administración pública.

Además de las sanciones, el Gobierno analiza avanzar en la recuperación de haberes percibidos sin prestación efectiva, con la intervención de organismos de control y asesoramiento legal. Esta medida busca resguardar los fondos públicos y reforzar la idea de que el Estado debe administrar sus recursos con criterios de responsabilidad.

El enfoque forma parte de una política más amplia que apunta a mejorar la calidad institucional y el funcionamiento del Estado. En un contexto de crecimiento de la provincia y mayores exigencias sobre los servicios públicos, la gestión busca consolidar un esquema más ordenado, eficiente y orientado al cumplimiento de las funciones.