El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, tomó una medida contundente dentro de su política de “tolerancia cero” hacia irregularidades en la administración pública: ordenó el despido de Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori (quien gobernó Neuquén entre 1987 y 1991), luego de comprobar que el empleado cobraba su sueldo estatal sin cumplir funciones efectivas.

La decisión fue oficializada esta semana mediante un decreto firmado por el propio Figueroa, que pone fin a la relación laboral de Salvatori con la planta permanente del Ministerio de Energía de Neuquén, tras una investigación interna que determinó su abandono de cargo continuado.

La investigación se inició formalmente el 12 de junio de 2025, cuando la Auditoría Interna y la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial evaluaron su conducta laboral. Los elementos probatorios incluyeron registros biométricos de ingreso y egreso, así como imágenes de cámaras de seguridad en las que se lo ve fichar su llegada y retirarse del edificio en muy pocos minutos, sin ingresar a su puesto de trabajo ni realizar tareas asignadas.

Según el informe administrativo, estas conductas ocurrieron de manera “injustificada, continua y discontinua” y se prolongaron por varios años, desde al menos mediados de 2020 hasta junio de 2025. Las pruebas también indicaron que Salvatori no presentó asistencias válidas ni actividades registradas, lo que implicó un perjuicio económico para el Estado provincial.

Desde el gobierno de Neuquén se subrayó que la medida responde a una política de depuración del Estado, que busca erradicar prácticas conocidas como “ñoqui VIP”, es decir, empleados que perciben sueldos sin cumplir con las tareas o responsabilidades que les corresponden. Figueroa había expuesto previamente el caso en actos públicos como parte de su apuesta por reforzar la eficiencia administrativa.

El caso genera debate político y social en Neuquén y más allá, ya que muestra cómo una gestión actual confronta un sistema de privilegios históricos. Para muchos, el despido envía una señal clara de que ni siquiera los vínculos familiares con figuras políticas del pasado garantizan inmunidad frente a controles de conducta y responsabilidad pública.