El operativo, que incluyó también restos de marihuana, contó con la supervisión de las fiscalías de ambas provincias.

Un total de 20 kilos de cocaína y un remanente de marihuana fueron incinerados este miércoles en el cementerio central de Neuquén, en un operativo conjunto entre las fiscalías federales de Río Negro y Neuquén. La quema incluyó 18 kilos de cocaína provenientes de Río Negro y 2 kilos de Neuquén, junto con restos de marihuana secuestrada en ambas jurisdicciones.

El procedimiento, supervisado por el fiscal general Fernando Arrigo y equipos fiscales de ambas provincias, contó con la colaboración del Ministerio Público Fiscal de Neuquén y del municipio, que facilitó los hornos crematorios. Según Arrigo, el valor total de la droga destruida asciende a 1.250 millones de pesos.

Se trata de la segunda destrucción de estupefacientes en la región desde la implementación del nuevo sistema acusatorio federal. Arrigo destacó la coordinación entre las fiscalías federales y provinciales, subrayando que el objetivo es “hacer un uso eficiente de los recursos del Estado, no duplicar pericias y actuar con rapidez”.

El fiscal resaltó que la desfederalización del narcotráfico en Neuquén es positiva y puede convivir con el sistema acusatorio, permitiendo investigar delitos conexos al circuito de compra y distribución de drogas. Señaló que el narcomenudeo, vinculado muchas veces con la violencia local, requiere investigaciones más complejas, que incluyen análisis de elementos tecnológicos como tokens de criptomonedas.

Arrigo explicó que las pericias químicas sobre la droga son costosas y se aplican de manera selectiva, especialmente cuando se busca establecer trazabilidad o identificar vínculos dentro de organizaciones. Para ello, se coordina el uso de cromatógrafos de cocaína entre provincia y Nación.

El fiscal general de Neuquén, José Geréz, destacó la coordinación logística entre los sistemas federal y provincial, lo que facilita el secuestro y destrucción de drogas. Con esta segunda quema, la Justicia Federal completó el primer año operativo del sistema acusatorio en la región, consolidando la política de combate al narcotráfico y crimen organizado en el norte de la Patagonia.