Esta semana declaran los últimos testigos y próximamente se esperan los argumentos finales de la fiscalía. La provincia busca garantizar que los delitos contra el Estado no queden impunes, marcando un cambio de época en la gestión de Figueroa.
El gobierno de Rolo Figueroa sigue de cerca el juicio por la estafa en planes sociales, un caso que puso en evidencia maniobras de corrupción que perjudicaron al Estado provincial y a los sectores más vulnerables. Esta semana declaran los últimos testigos y, en breve, se conocerán los alegatos finales de la fiscalía. Para la gestión actual, este proceso judicial representa una oportunidad de marcar un antes y un después en la forma de enfrentar los delitos contra la administración pública.
Figueroa subrayó en reiteradas oportunidades que su gobierno no tolerará prácticas que desvíen recursos destinados a los neuquinos que más lo necesitan. Bajo esta premisa, se impulsa una política de transparencia activa que acompaña las investigaciones judiciales y fortalece los mecanismos de control interno. La meta es clara: garantizar que cada peso del Estado se utilice de manera eficiente y en beneficio de la comunidad.
El juicio se presenta, además, como un símbolo del cambio de época en Neuquén. La provincia busca dejar atrás la impunidad y consolidar una cultura de responsabilidad en la gestión pública. Para la administración de Figueroa, avanzar contra la corrupción no solo significa sancionar a los responsables, sino también sentar bases firmes para un Estado más confiable, moderno y al servicio de la gente.

