El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti acusó a dos agentes de la Policía de Río Negro: uno está señalado como partícipe de un asalto a mano armada y otro por extorsionar a un hombre junto a un colega ya detenido. Ambos quedaron en prisión preventiva.

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti formuló cargos contra dos policías de Río Negro que habían sido detenidos en General Roca. Uno de ellos fue acusado de haber participado en un robo violento ocurrido en marzo en Cipolletti, mientras que el segundo enfrenta cargos por extorsión junto a otro uniformado que ya se encontraba bajo arresto.

El asalto investigado tuvo lugar el 20 de marzo en una vivienda de la calle Brentana de Cipolletti. Según la acusación, un agente de la Comisaría 21 ingresó a la casa con un cómplice, tras simular una consulta vinculada a la Anses. Una vez adentro, el policía, vestido con su uniforme reglamentario, golpeó al dueño de la propiedad y lo amenazó con su arma, mientras su compañero reducía a la mujer. Tras el ataque, el hombre sufrió un accidente cerebrovascular.

La fiscalía calificó el hecho como robo agravado por el uso de arma impropia, cometido en poblado y en banda, y con la participación de un funcionario policial. Las pruebas incluyen registros de cámaras de seguridad, peritajes electrónicos, análisis de comunicaciones telefónicas y el testimonio de las víctimas. Durante los allanamientos se secuestraron elementos que vinculan al imputado con el hecho, entre ellos la caja de un celular cuyo IMEI coincidía con los registros analizados.

El segundo caso involucra a un agente de la Brigada de Investigaciones, acusado de extorsionar a un hombre entre septiembre y octubre de 2024. Según la fiscalía, junto a otro policía ya detenido, simuló una orden de detención y exigió dinero a cambio de no avanzar con el procedimiento. La víctima terminó entregando 50.000 pesos, que los uniformados se repartieron.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de ambos imputados por un año, argumentando riesgos procesales, la necesidad de recuperar bienes y garantizar la seguridad de las víctimas. El juez de garantías aceptó el pedido y además dispuso la prohibición de difundir imágenes que permitan identificar a los acusados, con el objetivo de resguardar la investigación en curso.