El proceso judicial involucra a cinco exfuncionarios y diez empleados públicos acusados de integrar una asociación ilícita que desvió más de 153 millones de pesos de fondos destinados a programas sociales. La fiscalía presentará 95 testigos y buscará penas superiores a tres años de prisión efectiva para los principales responsables.
El próximo 21 de julio comenzará el juicio por una de las causas de corrupción más importantes en la historia reciente de Neuquén: la estafa con planes sociales. El proceso, que se extendería hasta mediados de septiembre, sentará en el banquillo a cinco exfuncionarios provinciales y diez empleados públicos, acusados de integrar una organización delictiva que desvió más de $153 millones destinados a atender la demanda social generada por el desempleo.
El gobernador Rolando Figueroa reiteró su compromiso con la transparencia y la búsqueda de justicia, en línea con el enfoque ético y de rendición de cuentas que sostiene su gestión. “La única manera de reconstruir la confianza en las instituciones es garantizando que los actos de corrupción no queden impunes”, afirmó en declaraciones recientes.
La fiscalía, a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli, y su equipo, presentará 95 testigos para probar la existencia de una asociación ilícita con estructura piramidal que operó desde septiembre de 2020 hasta julio de 2022, involucrando a áreas clave del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo y otros organismos del Ejecutivo. Se les atribuyen 9303 hechos de estafa mediante el cobro indebido de asignaciones sociales.
En el primer nivel jerárquico de la organización estarían el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Fiscalización, Néstor Sanz; el exresponsable de Programas, Marcos Osuna; el exministro Abel Di Luca; y el excoordinador administrativo Tomás Siengentharler. La acusación busca penas efectivas superiores a los tres años de prisión para los cabecillas.
A su vez, ya fueron condenadas nueve personas mediante acuerdos abreviados. Todos admitieron haber participado en la maniobra como ejecutores de tareas secundarias, como el cobro de cheques y retiro de dinero en cajeros, para luego entregarlo a los organizadores. Las penas en estos casos fueron de tres años condicionales, más el cumplimiento de reglas de conducta y reparación económica parcial.
La megacausa representa una prueba crucial para el sistema judicial provincial y para el Ejecutivo, que se propone cortar con las redes de clientelismo y corrupción que condicionaron la aplicación de políticas sociales durante años.
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