Ante el decreto que obliga a presentar declaraciones juradas, casi 3 mil funcionarios cumplieron con la medida. Se trata de uno de los registros más altos en los últimos 30 años. «Quienes no presenten la declaración para el 25 de marzo quedarán fuera del gobierno» había afirmado Figueroa.
Hace poco más de un mes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó un decreto que obliga a todos los funcionarios públicos alcanzados por la Ley 5 —referida a la planta política— a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales. El anuncio se realizó durante la apertura del 54º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, donde el mandatario advirtió que quienes no cumplan con esta obligación serán desvinculados de sus cargos.
La Ley 5, de alcance provincial, rige desde 1958 y exige que funcionarios, magistrados, legisladores y empleados con cargos en el Poder Ejecutivo presenten sus declaraciones patrimoniales. A pesar de su antigüedad, sigue siendo una herramienta clave para la transparencia institucional. Sin embargo, su cumplimiento había sido históricamente bajo: en los últimos 32 años —de 1991 a 2023— sólo se registraron 937 declaraciones.
Con la nueva disposición, se estableció un plazo de 30 días hábiles para que los funcionarios presenten sus declaraciones. Hasta el momento, se han registrado 2.900, lo que representa el 73% del total de 3.800 personas obligadas a cumplir con este requisito, según el listado remitido a la escribanía por las áreas de recursos humanos. La fecha límite es el 24 de marzo, por lo que se espera que esta cifra siga en aumento.
El decreto, firmado a fines de enero, responde a la intención de fortalecer la transparencia y reafirmar una política de «tolerancia cero» frente a la corrupción, un compromiso que Figueroa ya había adelantado como eje de su gestión.
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